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La importancia de la independencia del Poder Judicial en nuestra democracia

La importancia de la independencia del Poder Judicial en nuestra democracia

INTRODUCCI脫N

La independencia judicial es producto del balance del poder en el Estado. La ley es el fiel que garantiza los equilibrios necesarios para que los gobernados gocen de seguridad jur铆dica y los jueces operen en una esfera de soberan铆a suficiente que les permita tomar decisiones con la imparcialidad que requiere su funci贸n.

Un ejercicio magn铆fico para construir rutinariamente la democracia ser铆a que legisladores y funcionarios de gobierno refinaran sus trabajos de legislaci贸n y pol铆tica p煤blica con la mayor precisi贸n y actualidad, en funci贸n de las posibilidades de ser aprobadas por las instancias judiciales. Lo contrario, implica la judicializaci贸n de la pol铆tica o la destrucci贸n del Estado de Derecho.

IMPORTANCIA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL La independencia es una de las notas distintivas de la jurisdicci贸n como funci贸n estatal aut贸noma, la cual consiste en la plena soberan铆a de los jueces y magistrados, al ejercer su funci贸n de tutela y realizaci贸n del Derecho Objetivo, sin subordinaci贸n ni sumisi贸n a otra cosa que la ley y el Derecho.

Esto significa que cada juez y cada Sala de justicia, a la hora de decidir no pueda recibir ni estar sujeto(a) a instrucciones de terceros, sean particulares, 贸rganos p煤blicos o jurisdiccionales.

La ley opera as铆, como garant铆a de independencia para los jueces, pero tambi茅n como garant铆a para la sociedad frente a los jueces, que en sus decisiones est谩n sujetos al ordenamiento jur铆dico, lo que garantiza la seguridad jur铆dica y evita la actuaci贸n de los Tribunales de Justicia ultra vires, esto es, m谩s all谩 del poder que le otorga la ley.

En puridad, la funci贸n de la ley como l铆mite de la labor del juez es inmanente al Estado de Derecho, en la medida en que el Derecho se erija en pauta de convivencia dentro de las sociedades.

Se ha dicho que independencia judicial, en los t茅rminos definidos, es una de las notas caracter铆sticas distintivas de la jurisdicci贸n con respecto a las dem谩s funciones jur铆dicas del Estado (la legislaci贸n y, sobre todo, la administraci贸n), pero no es la 煤nica.

Los otros dos elementos que distinguen a la jurisdicci贸n son: (i) la ajenidad (la alienta a la que se refer铆a Chiovenda, en Italia, o el desinter茅s objetivo del que habla De la Oliva Santos en Espa帽a), entendida como la ausencia de inter茅s por parte del juzgador en la res de qua agitur (la cosa que se trata) sobre la que proyecta su funci贸n de tutela en el caso concreto; y (ii) la imparcialidad o la inexistencia de v铆nculo afectivo, de parentesco, profesional o subordinaci贸n, presente o pasado, entre el juez y las partes o sus representantes y asesores legales.

Como se dice, estas tres notas distinguen a la jurisdicci贸n de la legislaci贸n y de la administraci贸n, una distinci贸n que se realiza sino porque en determinadas ocasiones ciertos 贸rganos p煤blicos pueden revestir la apariencia formal de 贸rganos jurisdiccionales, por ejercer funciones de tutela jur铆dica en casos concretos, pero sin serlos en realidad.

Esa es la raz贸n por la cual se ha sentido la necesidad de establecer criterios de distinci贸n ente las tres funciones jur铆dicas del Estado, con la sana intenci贸n de encontrar criterios de delimitaci贸n clara entre ellas, especialmente entre la jurisdicci贸n y la administraci贸n.

De este modo, puede decirse que no hay desinter茅s objetivo en la administraci贸n de Estado, pues sus actos (sea en el 谩mbito de la sanidad p煤blica, de la educaci贸n, de la defensa nacional o en el tributario, por poner algunos ejemplos), se enmarcan dentro del objetivo general al que tiende la funci贸n administrativa de consecuci贸n del bien de la colectividad: La administraci贸n siempre est谩 objetivamente interesada; y tampoco son estos imparciales por mucho que, formalmente, la actuaci贸n administrativa se revista de objetividad e incluso cuando externamente adopta una posici贸n trascendente a las partes enfrentadas (por ejemplo, al resolver una licitaci贸n p煤blica o al decidir sobre la tutela de un menor o incapaz): Cuando la administraci贸n tiene que resolver normalmente es juez y parte, y su resoluci贸n, en el terreno de la autotutela administrativa, no se deslinda de los fines generales de la administraci贸n.

De los tres, es la independencia el elemento que con mayor claridad distingue la jurisdicci贸n de la administraci贸n: Mientras que la administraci贸n se caracteriza por la dependencia jer谩rquica entre todos los elementos que la componen, como manifestaci贸n de su unidad y coordinaci贸n, para la mayor eficacia en el cumplimiento de sus fines, la jurisdicci贸n es esencialmente independiente o, m谩s correctamente, cada juez o colegio de jueces (Sala o tribunal) 鈥搎ue son los aut茅nticos titulares de la funci贸n jurisdiccional y no el conjunto de juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial鈥 es independiente cuando juzga y hace ejecutar lo juzgado.

La independencia judicial coloca de este modo al juez en una posici贸n trascendente con respecto a los dem谩s sujetos y conduce a un sistema de tutela integrado por 贸rganos p煤blicos entre los cuales no existe otra relaci贸n que la organizativa, al margen del lugar que ocupa dentro de la pir谩mide jurisdiccional.

En resumidas cuentas, la ley, ante el juez, opera a la vez como garant铆a frente a intromisiones de terceros y como l铆mite frente a sus propios excesos, y sus decisiones deben ser respetadas y solo pueden ser modificadas por 茅l mismo o por otros 贸rganos jurisdiccionales a trav茅s de los recursos legalmente establecidos.

El principio de un Estado social y democr谩tico de Derecho supone como garant铆a la separaci贸n de los poderes del Estado y el autogobierno del Poder Judicial.

Los jueces y magistrados no podr谩n ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino cuando concurran las causas y con las garant铆as previstas en la ley. Asimismo, y en garant铆a de la independencia judicial, los jueces no podr谩n desempe帽ar otros cargos p煤blicos ni pertenecer a partidos pol铆ticos o sindicatos, regul谩ndose su r茅gimen de incompatibilidades.

Los miembros del Poder Judicial son inamovibles, responsables y sometidos 煤nicamente al imperio de la ley.

Es una cualidad, y garant铆a de la imparcialidad que, en el ejercicio de su funci贸n jurisdiccional, los jueces gocen de absoluta soberan铆a y falta de dependencia, no ya respecto de los sujetos interesados en los procesos, sino del poder ejecutivo, del poder legislativo, de los 贸rganos jurisdiccionales de superior categor铆a, de los 贸rganos de gobierno administrativo de los tribunales y de cualesquiera otras personas f铆sicas y jur铆dicas.

驴POLITIZACI脫N DE LA JUSTICIA O JUDICIALIZACI脫N DE LA POL脥TICA? Algunos autores explican la existencia de un Poder Judicial independiente por el papel especial de grupos de inter茅s en la producci贸n de pol铆ticas p煤blicas y de leyes favorecedoras de sus intereses corporativos.

Representa, entonces, la l贸gica de los lobbies, en donde los pol铆ticos locales ser铆an comprendidos como maximizadores de rentas y, en ese car谩cter, 鈥渧enden鈥 legislaciones a grupos de inter茅s que presionan y obtienen determinadas normas favorables. Luego 鈥搚 he aqu铆 la reprochada inestabilidad鈥 los pol铆ticos pueden romper sus compromisos y variar las leyes aprobadas.

El 茅nfasis puesto en la estricta independencia y autonom铆a del sistema judicial, como control y contrapeso de los poderes emanados de la representaci贸n, plantea un cambio en los equilibrios internos en el Estado. Este cambio tiende a acentuar la conservaci贸n del statu quo, por las atribuciones reactivas que otorga a las Cortes en el control y censura constitucional de los actos legislativos.

Conducidos de manera r铆gida, esos cambios pueden llevar a judicializar la vida pol铆tica, desde el momento en que las atribuciones se extienden a un poder proactivo, a trav茅s de las sentencias, invadiendo, en ese caso, m谩s que evidentes competencias legislativas.

Como lo se帽ala el profesor Peretti de la Universidad de Santa Clara, resulta casi obvio decir que 鈥渆n la realidad la independencia judicial siempre es limitada, que est谩 condicionada pol铆ticamente, emp铆ricamente no se ha demostrado que permita garantizar los objetivos a los que se asocia, y en las Altas Cortes la independencia de que gozan los jueces es usada para impulsar sus preferencias ideol贸gicas鈥.

Vale decir, que la independencia judicial ser铆a una construcci贸n social, pol铆tica y cultural y no propiamente un modelo reproductible a voluntad en todo tiempo y lugar.

Naturalmente, los condicionamientos pol铆ticos a los que se encuentra sujeto el Poder Judicial no se manifiestan de la misma forma en los distintos reg铆menes pol铆ticos ni en los diferentes sistemas de partidos. En la especie, la politizaci贸n del sistema judicial y de su judicatura, aparece con mayor evidencia:

cuando el poder pol铆tico est谩 controlado por un solo partido o movimiento compacto y unido durante un per铆odo prolongado de tiempo, se aumentan la capacidad y los incentivos del ejecutivo y el legislativo para introducir reformas que conlleven a la subordinaci贸n de los jueces y las cortes y, especialmente, la neutralizaci贸n de sus poderes de control.

Burgos Silva nos remite a una definici贸n de 鈥渋ndependencia judicial鈥 que no elude, en buena l贸gica, a la politizaci贸n inherente a este cuerpo del Estado: La independencia judicial ser铆a el producto del balance del poder entre al menos dos partidos pol铆ticos con fuerza similar, y donde ninguno ejerce un control monol铆tico.

Sin embargo, repartida o monol铆tica, con partido hegem贸nico o con bipartidismo de alternancia, la influencia politizadora del Ejecutivo y del legislativo sobre la composici贸n de las Altas Cortes del Estado, parece ser un albur del cual no es f谩cil salir.

As铆 presenta Ramseyer esta intromisi贸n judicial en las instancias gubernativas:

La creaci贸n de un judicial independiente formar铆a parte de las condiciones institucionales para hacer oposici贸n al gobierno de turno y limitar sus posibilidades de acci贸n

Los pol铆ticos electos y los representantes populares, dada la profusi贸n abrumadora de fallos y sentencias de alcance pol铆tico pronunciadas por las Altas Cortes, deben necesariamente ingresar en el d茅dalo de interpretaciones judiciales, ajustar hasta la minucia sus propuestas y acciones legislativas, y votar solo aquellas leyes con posibilidades de ser aprobadas por las instancias judiciales.

En esas condiciones:

Un poder judicial independiente constituir铆a, entonces, un instrumento fundamental para controlar al partido en el poder y afectar sus capacidades de acci贸n v铆a la judicializaci贸n de la pol铆tica鈥

Una situaci贸n que se presenta cada vez con mayor recurrencia en algunas de las Rep煤blicas sudamericanas inmersas en procesos de Reforma Judicial, a la vez que son protagonistas de la emergencia de movimientos sociales que acceden, en muchos casos por vez primera 鈥揹urante la democratizaci贸n鈥 a hacer gravitar su voluntad en las decisiones de gobierno

CONCLUSIONES

Sin independencia judicial el Estado de Derecho y la democracia son una quimera; en momentos de concentraci贸n de poder, sin independencia de la jurisdicci贸n jueces corren el peligro de convertirse en t铆teres del Poder Ejecutivo o del Legislativo, situaci贸n importante, m谩xime, en momentos en que el Ejecutivo parece engullirse al resto de los otros poderes.

ABOGADO CORPORATIVO 2021 Autor:Dofiscal Editores S.A. de C.V. Editorial:Dofiscal

2021 N煤mero 84 Actualidad 3. La importancia de la independencia del Poder Judicial en nuestra democracia (JIMENA ORTIZ D脥AZ) 3. La importancia de la independencia del Poder Judicial en nuestra democracia (JIMENA ORTIZ D脥AZ)

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