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Reflexiones sobre el Derecho Humano de acceso a la justicia

Reflexiones sobre el Derecho Humano de acceso a la justicia

El 29 de julio de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la cual obliga a los Poderes Judiciales de todo el país a hacer públicas todas sus sentencias, ratificando así la decisión que tomó el Senado de la República el 17 de octubre de 2020. Con anterioridad a esta reforma, los Poderes Judiciales únicamente tenían la obligación de publicar las sentencias de “interés público”. A pesar de que la misma representa un gran paso hacia la transparencia judicial; contribuye a consolidar Poderes Judiciales más abiertos y confiables; y facilita el ejercicio de auditoría ciudadana respecto del trabajo de los funcionarios judiciales, lo cierto es que ni de conformidad con el diseño actual de nuestro marco jurídico federal ni de la llamada Reforma Judicial publicada en el DOF el 11 de marzo de 2021 y la iniciativa para reformar las leyes secundarias en relación con dicha Reforma Judicial se está dando una operatividad real a la obligación de publicidad establecida en la LGTAIP, por las razones que explicaré.

DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA; DEFINICIÓN Y LÍMITES

El Derecho Humano de acceso a la justicia es el derecho de cualquier persona para acudir a alguna instancia jurisdiccional o no jurisdiccional (como en el caso del arbitraje) para defender sus derechos; así como la obligación del Estado no solo de garantizar los mecanismos y procedimientos para la impartición de justicia sino, de la necesidad de que estos sean los idóneos, entendiéndose por ello, que sean los más efectivos y que atiendan a la necesidad de la sociedad dentro de su naturaleza dinámica y evolutiva.

El fundamento del monopolio del Estado en la impartición de la justicia legítima1 se encuentra estipulado en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece categóricamente que:

Artículo 17. Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

En otras palabras, en México está prohibida la autocomposición violenta de los litigios, pero eso sí, toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales para que estos resuelvan los conflictos.

Esto se traduce en la obligación del Estado de garantizar la impartición de justicia, la cual se rige por diversos principios; sin embargo, los esenciales son: (i) el derecho de acción procesal; (ii) el derecho de defensa o de audiencia; (iii) el derecho del pueblo de solo ser juzgado conforme a las normas vigentes y que hayan sido expedidas con anterioridad a su aplicación, también llamado “principio de irretroactividad”; (iv) la fundamentación y motivación en las resoluciones expedidas por cualquier autoridad del Estado también conocida como “garantía de legalidad”; y (v) el derecho a que los juicios se sigan conforme a las formalidades esenciales del procedimiento que implican: Ser notificado del inicio del procedimiento y sus consecuencias; que exista un momento oportuno para ofrecer y desahogar pruebas; tener la oportunidad de alegar; que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, finalmente, (vi) el derecho a interponer recursos.

Ahora bien, en relación con el principio de irretroactividad y de garantía de legalidad, parece que los criterios judiciales conforme a los cuales se juzgan, fundamentan y motivan las resoluciones judiciales no son totalmente públicos.

Si bien no son “secretos” como ocurría en la época arcaica en la que únicamente los colegios sacerdotales conocían el ius y el fas;4 el Poder Judicial no solo tiene el monopolio de la interpretación legal, sino que también, en cierta medida, el del conocimiento del derecho, por las razones que serán expuestas en este documento.

El 29 de julio de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la LGTAIP , la cual obliga a los Poderes Judiciales de todo el país a hacer públicas todas sus sentencias, ratificando así la decisión que tomó el Senado de la República el 17 de octubre de 2020. Con anterioridad a la reforma señalada, los Poderes Judiciales únicamente tenían la obligación de publicar las sentencias de “interés público”.

A pesar de que la referida reforma representa un gran paso hacia la transparencia judicial; contribuye a consolidar Poderes Judiciales más abiertos y confiables; y facilita el ejercicio de auditoría ciudadana respecto del trabajo de los funcionarios judiciales;6 lo cierto es que ni de conformidad con el diseño actual de nuestro marco jurídico federal ni de la llamada Reforma Judicial publicada en el DOF el 11 de marzo de 2021 y la iniciativa para reformar las leyes secundarias en relación con dicha Reforma Judicial, se está dando una operatividad real a la obligación de publicidad establecida en la LGTAIP, por las razones que explicaré en los párrafos siguientes.

CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LA OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD DE LOS CRITERIOS JUDICIALES Actualmente, el Semanario Judicial de la Federación (IUS) únicamente permite la consulta de las ejecutorias que cumplan con uno de estos dos requisitos: (i) que constituyan jurisprudencias; o (ii) que a juicio de los titulares del órgano correspondiente cumplan con el criterio de ser “relevantes” y “transcendentes”.

No obstante, conforme a los criterios judiciales más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque los justiciables no tengan acceso a la totalidad de las ejecutorias, los impartidores de justicia –que sí tienen acceso a ellas– pueden utilizarlas para fundar y motivar sus resoluciones, lo cual nos coloca en una clara desventaja. Estos criterios judiciales son el antecedente del sistema de precedentes que la Reforma Judicial pretende implementar.

Al día de hoy la búsqueda en el IUS de criterios que hagan referencia a la palabra “precedente” arroja muy pocos que sean de aplicación obligatoria y que hagan referencia a un sistema de precedentes, pero sí establecen parámetros relacionados con su aplicación en la resolución de asuntos.

En 1999 el Pleno del Máximo Tribunal constitucional estableció que basta con que el juzgador cite o transcriba un precedente o una tesis de jurisprudencia como fundamento para que se entienda que está haciendo suyos los argumentos de esa tesis “que resultan aplicables al caso que se resuelve”, sin que se necesite que lo haga de manera explícita porque resulta obvio que si la utiliza de fundamento, recoge los argumentos contenidos en ella.

Posteriormente, en 2016 la Segunda Sala afirmó respecto de la obligatoriedad de los criterios judiciales, que del análisis de la CPEUM y de la Ley de Amparo se desprende que únicamente tienen el carácter de obligatorio las jurisprudencias y no así las tesis aisladas.

Finalmente, se determina que en los casos en que no exista jurisprudencia, pero sí haya un criterio aislado o un –solo uno– precedente que sea aplicable para la solución de un caso concreto, es posible que los órganos jerárquicamente inferiores lo “atiendan” en sus resoluciones, y en caso de que exista más de uno, el juzgador puede utilizar el que a su entero juicio resulte el correcto.

Por último, en 2018, también la Segunda Sala estableció que de la interpretación de la Ley de Amparo se desprende que las partes para invocar tesis, jurisprudencias o precedentes expresarán los datos de identificación y, en caso de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de la resolución correspondiente, o bien, en el supuesto de que el quejoso la trascriba en la demanda, el juzgador debe asumir que pretende que se le aplique, y de tratarse de una tesis aislada o algún precedente no obligatorio, debe precisar si se acoge o no al criterio referido y no puede declararse inoperante un concepto de violación sin que haya una justificación de si la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable.

De lo anterior, se desprende que los criterios de la SCJN han creado una serie de principios que rigen la doctrina del precedente de los cuales tres me parecen especialmente problemáticos porque crean una clara asimetría entre el acceso a los criterios judiciales de los órganos judiciales y de los justiciables:

1. Basta con que el juzgador cite o transcriba un precedente como fundamento en una sentencia para que el justiciable asuma que este está haciendo suyos los argumentos que resulten aplicables al caso que se está resolviendo. ¿Cuáles? Aquellos que resulten aplicables, así de general.

2. Las tesis aisladas no pueden ser invocadas por las partes, pero el juzgador sí puede “atenderlo” como criterio orientador para resolver en algún sentido.

3. En caso de que las partes invoquen jurisprudencias, tesis o precedentes que aún no han sido publicados, bastará con que se acompañen copias certificadas de la resolución correspondiente. ¿Cómo se va a enterar de las resoluciones si estas no son públicas? Aún peor, se entera de la existencia de un criterio que pudiera beneficiarle, ¿cómo se van a expedir copias si no se es parte?

CRITERIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE TESIS, JURISPRUDENCIAS Y VERSIONES PÚBLICAS

En relación con el marco legal aplicable a la publicidad de tesis, jurisprudencias y precedentes, en términos generales existen los siguientes:

CPEUM

El artículo 94 de la CPEUM establece que la ley fijará los términos en los que la jurisprudencia establecida por los tribunales será obligatoria y los requisitos de su interrupción y que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la SCJN por mayoría de ocho votos y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.

Ley de Amparo

El artículo 218 de la Ley de Amparo establece que cuando la SCJN, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá de incluir, entre otras, las votaciones emitidas al aprobar el asunto.

Por su parte, el numeral 219 de ese ordenamiento impone la obligación al Pleno y a las Salas de la SCJN, a los Plenos de Circuito y a los Tribunales Colegiados de Circuito, de remitir las tesis en el plazo de 15 días a la dependencia encargada de su publicación.

Asimismo, el artículo 220 de la citada ley señala, en primer lugar, que en el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirán en forma eficiente para facilitar su conocimiento.

De igual manera, se establece la obligación de publicar las resoluciones necesarias para constituir, interrumpir o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares y, por último, faculta a los órganos jurisdiccionales para publicar aquellas resoluciones que “estimen pertinentes”.

El artículo 221 de la Ley de Amparo determina que cuando se invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes se expresarán los datos de identificación y publicación; y en caso de no haber sido publicados, bastará que se acompañen copias certificadas de la resolución.

Finalmente, el último párrafo del artículo 230 de esa disposición señala que cuando conforme a lo establecido en la Ley de Amparo se sustituya la jurisprudencia, ello no violará el principio de irretroactividad y establece la obligación de que esa resolución se publique y distribuya conforme a lo establecido en ese ordenamiento.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Conforme al artículo 158 de esta disposición, la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, es el órgano encargado de compilar, sistematizar y publicar las tesis y jurisprudencias emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

No obstante, conforme al numeral 159 de la LOPJF, compete a la SCJN cuidar que las publicaciones del Semanario Judicial de la Federación se realicen con oportunidad y realizará todas aquellas tareas que fueren necesarias para la adecuada distribución y difusión de las tesis y jurisprudencias que hubieren emitido los órganos competentes del PJF.

Cabe señalar que la fracción XIX del artículo 11 de la LOPJF faculta al Pleno de la SCJN para reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación, sistematización y publicación de las ejecutorias, tesis y jurisprudencias, así como de las sentencias en contrario que las interrumpan o las resoluciones que las sustituyan; la estadística e informática de la SCJN; y el centro de documentación y análisis que comprenderá la biblioteca central, los archivos históricos de ese órgano, Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como el archivo central de la SCJN, la compilación de leyes y el archivo de actas; y cuando lo estime conveniente podrá convenir con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) las medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones que de dicha compilación se realice.

LA REFORMA JUDICIAL Y LA PUBLICIDAD DE CRITERIOS JUDICIALES

Como lo señalé en párrafos anteriores:

1. El 11 de marzo de 2021 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación”, denominado Reforma Judicial, el cual introdujo una serie de cambios de suma relevancia en el PJF en materia de justicia constitucional, dentro de los que destaca el objetivo de establecer un sistema de precedentes y jurisprudencias.

2. En el dictamen del 12 de abril de 2021, que corresponde a la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional ; de la Ley Federal de Defensoría Pública ; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles , así como otras iniciativas afines, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República”,11 en la parte que nos interesa, se señaló que los objetivos de la Reforma Judicial son, entre otros:

a) Fortalecer los precedentes de la SCJN con la finalidad de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.

b) Transitar a un sistema de precedentes.

c) Añadir los capítulos que corresponden a la emisión de jurisprudencia por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción de criterios.

d) Establecer la obligación para el Pleno de la SCJN de justificar las razones para cambiar su criterio y apartarse del precedente, incluso cuando su integración sea distinta.

e) Qué únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor del decreto pueden constituir jurisprudencia por precedente.

3. El 23 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó la legislación secundaria necesaria para la implementación de la Reforma Judicial en la cual se establece claramente el sistema de precedentes y jurisprudencias, conforme a los siguientes principios:

a) Las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno por mayoría de ocho votos y por las Salas con mayoría de cuatro serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.

b) El Pleno de la SCJN también resolverá el criterio que debe prevalecer entre aquellos contradictorios de los Plenos regionales, siendo estos últimos los responsables de decidir los criterios que deben prevalecer entre contradicciones de los Tribunales Colegiados de Circuito de su región.

c) Los tribunales no deben seguir sus propias jurisprudencias, no obstante que tienen la obligación de justificar el cambio de criterio.

d) El régimen transitorio del decreto reconoce la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida previo a su entrada en vigor, salvo que sean interrumpidas conforme a esto último; mientras que las tesis aisladas del Alto Tribunal previas al decreto mantendrán ese carácter, esto es, no configurarán precedentes.

e) Se incluyen lineamientos para la elaboración de precedentes y jurisprudencias que se basan en claridad y pertinencia.

CONCLUSIONES

Aunque me siento optimista del avance de nuestra legislación en estos dos últimos años en materia de transparencia y acceso a la justicia, empezando por la reforma a la LGTAIP, la cual señala esta obligación general a todos los Poderes Judiciales de hacer públicas sus resoluciones –incluyendo al PJF–; así como la transición del sistema judicial mexicano a uno de precedentes; también reconozco las diversas razones por las cuales su implementación y efectividad puede entorpecerse.

Por ejemplo, de la revisión de la legislación secundaria necesaria para la implementación de la Reforma Judicial se desprende que no se prevén obligaciones básicas para el acceso a la justicia y hago especial referencia a la Ley de Amparo y a la LOPJF debido a que son los ordenamientos que establecen las obligaciones de dar publicidad a las resoluciones a través del Semanario Judicial de la Federación.

Algunas de estas omisiones son las siguientes:

1. Dentro de los requisitos que deben contener las tesis publicadas no se incluye el de que exista un enlace que permita consultar la versión pública de la ejecutoria.

2. No se establece la obligación de remitir junto con las tesis, las versiones públicas de las ejecutorias resueltas para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación.

3. No se estipula un plazo máximo a partir de que las partes en el juicio hayan sido notificadas, para que los órganos judiciales deban remitir las ejecutorias al Semanario Judicial de la Federación para su publicación.

4. No se indica la obligación a cargo del Semanario Judicial de la Federación de ordenar por artículo materia de análisis conforme a un índice temático que facilite la búsqueda de criterios.

Considero que vamos por buen camino, pero aún falta realizar un análisis sobre cuáles serán los mecanismos más efectivos e idóneos para implementar la Reforma Judicial para que el conocimiento del Derecho esté al alcance de todos y en igual medida.

ABOGADO CORPORATIVO 2021 Autor:Dofiscal Editores S.A. de C.V. Editorial:Dofiscal

2021 Número 84 Actualidad 4. Algunas reflexiones sobre el Derecho Humano de acceso a la justicia, en relación con la transparencia y publicidad de los criterios judiciales del Poder Judicial Federal (SOFÍA SALMÓN PERRILLIAT) 4. Algunas reflexiones sobre el Derecho Humano de acceso a la justicia, en relación con la transparencia y publicidad de los criterios judiciales del Poder Judicial Federal (SOFÍA SALMÓN PERRILLIAT)

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